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El Surgimiento de la Nación 1808-1823 VI Parte
La gran crisis económica y fiscal en los días de la Independencia
Muchas cosas graves ocurrieron inmediatamente después del 15 de
septiembre 1821. Una de las más trágicas fue el súbito enfrentamiento de
los próceres con la carencia casi total de recursos económicos para dar
vida a la nación que sólo se bosquejaba en los primeros papeles y
discursos. A veces se ha soslayado este caótico se ha soslayado hecho
económico que llenó de la más desconcertante frustración a los patricios
que entonces empezaron a comprender el porqué de las advertencias
dilatorias que hacía José Cecilio del Valle, quizá el más profundo
analista socio-político de aquellos días. Los miembros de nuestro primer
“Gobierno”, constituido por el mismo ex capitán general Gabino Gaínza,
más la Junta Provisional Consultiva (JPC) formada por los notables que
menciona el artículo 8 del Acta de Independencia, estaban al borde de
desesperación.
Desde antes de septiembre de 1821 se había iniciado
-usando términos “modernos”- una acelerada y creciente fuga de capitales
de europeos, con el correspondiente al éxodo humano, lo que deprimiría
muchas actividades agrícolas y comerciales. J. F. Barrundia propuso un
impuesto del 35% sobre la salida de dinero y joyas. Valle lo respaldó
con agudo argumento: “(...) el capital no es únicamente el
producto del hombre que lo forma, sino también de la sociedad en donde
lo ha hecho, la cual ayudó a su elaboración y protección.”
Finalmente, le impusieron un 4%, medida inútil, porque la fuga de
numerario operaba vía contrabando.
El sistema aduanal y de alcabalas quedó
desarticulado, y por razones políticas, los próceres no podían decretar
mayores impuestos: tenían las manos atadas, ya que una de las banderas
de la Independencia había sido, precisamente, la lucha contra los altos
tributos españoles.
Para colmo, el desmantelamiento de la burocracia peninsular requería el
pago de una indemnización a los cesantes. No había dinero para cumplir
con este pacto, ni mucho menos para pagar un improvisado personal
criollo.
Las reformas liberales españolas de 1812, en un acto de
reivindicación histórica, habían suprimido los muchos tributos y
pillajes que el régimen colonial mantuvo sobre los indios, dejó, por
tales medidas, el fisco de percibir unos 670,000 pesos. La Independencia
pedía ahora al aborigen su “cuota de sacrificio”. La Junta Provisional
Consultiva favoreció una contribución transitoria de los indígenas,
quienes también fueron obligados a otorgar préstamos al Gobierno de
parte de sus Cajas Comunales, sólida institución nacida en plena
colonia. Se impusieron modestos impuestos a las órdenes religiosas
propietarias de latifundios, acción que fue gestando un cisma político
que haría crisis años después. El aguardiente -siempre oportuno- también
acudió a apuntalar a aquella agonizante economía: la junta ordenó
suprimir las “chicherías” clandestinas de los callejones, y los
convirtió en cantinas visibles en las calles principales, sujetas a
tributos. Adicionalmente -decían-, la medida contribuiría a la
“moralización”, pues siendo el licor “formal” más caro, disminuiría el
número de borrachos. Por las dudas, se incrementaron las multas para los
adictos a los deleites de Baco. Casi nunca se ha revelado que desde
hacía varios años las Cajas del Virreinato de la Nueva España (México),
venían subsidiando con cien mil pesos al Reino de Guatemala, para
aliviar su grave “déficit fiscal”. Esta forma de protectorado anticipa
una cierta inclinación a las maniobras anexionistas a la hora de la
Independencia.
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