El Surgimiento de la Nación 1808-1823 VI Parte

La gran crisis económica y fiscal en los días de la Independencia

Muchas cosas graves ocurrieron inmediatamente después del 15 de septiembre 1821. Una de las más trágicas fue el súbito enfrentamiento de los próceres con la carencia casi total de recursos económicos para dar vida a la nación que sólo se bosquejaba en los primeros papeles y discursos. A veces se ha soslayado este caótico se ha soslayado hecho económico que llenó de la más desconcertante frustración a los patricios que entonces empezaron a comprender el porqué de las advertencias dilatorias que hacía José Cecilio del Valle, quizá el más profundo analista socio-político de aquellos días. Los miembros de nuestro primer “Gobierno”, constituido por el mismo ex capitán general Gabino Gaínza, más la Junta Provisional Consultiva (JPC) formada por los notables que menciona el artículo 8 del Acta de Independencia, estaban al borde de desesperación.

Desde antes de septiembre de 1821 se había iniciado -usando términos “modernos”- una acelerada y creciente fuga de capitales de europeos, con el correspondiente al éxodo humano, lo que deprimiría muchas actividades agrícolas y comerciales. J. F. Barrundia propuso un impuesto del 35% sobre la salida de dinero y joyas. Valle lo respaldó con agudo argumento: “(...) el capital no es únicamente el producto del hombre que lo forma, sino también de la sociedad en donde lo ha hecho, la cual ayudó a su elaboración y protección.” Finalmente, le impusieron un 4%, medida inútil, porque la fuga de numerario operaba vía contrabando.

El sistema aduanal y de alcabalas quedó desarticulado, y por razones políticas, los próceres no podían decretar mayores impuestos: tenían las manos atadas, ya que una de las banderas de la Independencia había sido, precisamente, la lucha contra los altos tributos españoles.

Para colmo, el desmantelamiento de la burocracia peninsular requería el pago de una indemnización a los cesantes. No había dinero para cumplir con este pacto, ni mucho menos para pagar un improvisado personal criollo.

Las reformas liberales españolas de 1812, en un acto de reivindicación histórica, habían suprimido los muchos tributos y pillajes que el régimen colonial mantuvo sobre los indios, dejó, por tales medidas, el fisco de percibir unos 670,000 pesos. La Independencia pedía ahora al aborigen su “cuota de sacrificio”. La Junta Provisional Consultiva favoreció una contribución transitoria de los indígenas, quienes también fueron obligados a otorgar préstamos al Gobierno de parte de sus Cajas Comunales, sólida institución nacida en plena colonia. Se impusieron modestos impuestos a las órdenes religiosas propietarias de latifundios, acción que fue gestando un cisma político que haría crisis años después. El aguardiente -siempre oportuno- también acudió a apuntalar a aquella agonizante economía: la junta ordenó suprimir las “chicherías” clandestinas de los callejones, y los convirtió en cantinas visibles en las calles principales, sujetas a tributos. Adicionalmente -decían-, la medida contribuiría a la “moralización”, pues siendo el licor “formal” más caro, disminuiría el número de borrachos. Por las dudas, se incrementaron las multas para los adictos a los deleites de Baco. Casi nunca se ha revelado que desde hacía varios años las Cajas del Virreinato de la Nueva España (México), venían subsidiando con cien mil pesos al Reino de Guatemala, para aliviar su grave “déficit fiscal”. Esta forma de protectorado anticipa una cierta inclinación a las maniobras anexionistas a la hora de la Independencia.

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